Por Jhonny Trinidad

Cuando el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) se sientan en la misma mesa para “revisar” los libros de historia, el país debería encender todas las alarmas. No porque el sector privado no tenga derecho a opinar sobre educación. Sino porque la historia no se negocia en juntas de directores ni se edita para que quede “amigable” con los intereses de turno.

Lo que hoy se vende como “actualización curricular” y “alianza público-privada por la calidad educativa” es, en el fondo, un pacto silencioso para maquillar el pasado. El Minerd pone la firma institucional y el CONEP pone la agenda. El resultado: una narrativa cómoda, sin aristas, donde las luchas sociales desaparecen, los monopolios nunca existieron y los “grandes aportes del empresariado al desarrollo nacional” ocupan capítulos enteros.

LA HISTORIA NO ES UN BROCHURE CORPORATIVO

El problema no es que se incluya al sector privado en la conversación educativa. El problema es el contenido. ¿Qué capítulos incomodan? La huelga de los obreros de La Romana en 1916. El papel de las empresas azucareras en la ocupación de 1965. La matanza de Palma Sola. La deuda externa y quién se benefició de ella. Las exenciones fiscales eternas. Todo eso empieza a diluirse con eufemismos: “conflictos laborales”, “periodos de inestabilidad”, “procesos de ajuste”.

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

Los textos que se están validando con dinero y presión del CONEP eliminan contexto y causalidad. Enseñan fechas, pero no explican por qué. Mencionan presidentes, pero no dicen a quién servían sus decretos. Hablan de “crecimiento”, pero no de “desigualdad”. Forman estudiantes que pueden recitar el nombre de tres constituciones, pero no entienden por qué el 80% de la tierra cultivable estuvo en manos de 10 familias durante décadas.

El Minerd, en vez de defender la autonomía académica, actúa como notario. Convoca a “expertos”, pero los perfiles técnicos se ahogan entre los consultores pagados por gremios. Al final, el libro lo imprime una editora que también es suplidora del Estado y socia de la cúpula empresarial. Negocio redondo.

BORRAR EL PASADO ES CONTROLAR EL FUTURO

Manipular la historia escolar no es un error. Es una estrategia. Un pueblo que no conoce sus ciclos de abuso está condenado a repetirlos. Si a un niño de 14 años le enseñan que la estabilidad siempre vino “de la inversión privada” y nunca de la presión popular, ese niño será un adulto que no protesta, que no cuestiona concesiones, que cree que deber derechos es ser “anti-empresa”.

El CONEP no quiere estudiantes críticos. Quiere consumidores dóciles y mano de obra barata con bachillerato. El Minerd, con su presupuesto de 4% pero sin brújula, prefiere entregar el contenido antes que pelear la batalla pedagógica. Esa es la complicidad: uno dicta, el otro obedece.

¿Soluciones?

– Transparentar quién financia cada libro y qué cámaras empresariales participan en cada mesa técnica.

– Crear una comisión histórica independiente, con académicos de universidades públicas, UASD y sociedad civil, sin veto del sector privado.

– Devolverle al maestro la autoridad para complementar el texto con fuentes primarias, sin miedo a una circular.

La historia de República Dominicana no le pertenece al Minerd ni al CONEP. Le pertenece a los dominicanos. Y no se puede seguir editando con tinta de intereses para que la próxima generación crezca sin memoria. Porque un país sin memoria es un cliente, no un ciudadano. Y eso, al parecer, es justo lo que buscan.