Al solicitar que se rechazara la petición de variar las medidas de coerción, Camacho sostuvo que «no hay un solo elemento que haga variar la medida de coerción».
El juez Deiby Timoteo Peguero fijó para el próximo 26 de noviembre la lectura íntegra de la decisión.
El tribunal mantiene los argumentos para la prisión preventiva
En las motivaciones de su decisión, el magistrado tomó en consideración los criterios jurídicos aplicados cuando se impusieron las medidas de coerción, entre ellos la gravedad de los hechos atribuidos a los procesados, el peligro de fuga y el daño económico que debe ser resarcido al Estado y a la sociedad.
También recordó los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional sobre la ponderación que debe realizarse al revisar las medidas de coerción.
En ese contexto, señaló que respecto a Santiago Hazim, Gustavo Messina y Germán Robles continúan vigentes las razones que dieron origen a la prisión preventiva.
La defensa de Alan Speakler y Rafael Martínez solicitó desglosar la audiencia de revisión obligatoria, debido a que ambos tenían pendiente una audiencia de apelación ante la Primera Sala de la Corte de Apelación, prevista para el martes 10 de noviembre de 2026.
Sin embargo, Wilson Camacho sostuvo que la revisión obligatoria de las medidas de coerción no impide conocer el recurso de apelación.
Tras evaluar los planteamientos, el juez declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa y ordenó continuar con la revisión obligatoria de las medidas impuestas a Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Las medidas habían sido ratificadas anteriormente, en agosto pasado.
Por este expediente también figura como imputada Ada Ledesma Ubiera, quien cumple arresto domiciliario.
Otros implicados en la Operación Cobra
El proceso judicial derivado de la Operación Cobra también incluye a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes recibieron medidas de coerción en diciembre pasado, consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Asimismo, está procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó, el pasado 30 de julio, la prisión preventiva de 18 meses que cumple desde mayo en el centro penitenciario correspondiente.
Investigación apunta a un esquema de corrupción millonario
La Operación Cobra permitió al Ministerio Público desmantelar una estructura que presuntamente operaba dentro y fuera del Seguro Nacional de Salud, afectando los recursos destinados a garantizar los servicios médicos de miles de afiliados.
El órgano acusador busca obtener sanciones penales contra los responsables y recuperar, mediante el decomiso, los recursos que habrían sido sustraídos del patrimonio público.
A los procesados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
De acuerdo con las investigaciones, el Ministerio Público ha reunido evidencias de presuntos sobornos a gran escala, alteración de estados financieros y utilización de programas especiales sin sustento jurídico para distraer fondos mediante operaciones fraudulentas.
La acusación sostiene que se trataba de un esquema sistemático de corrupción presuntamente encabezado por el entonces director ejecutivo de SeNaSa, en coordinación con funcionarios de la institución y prestadores de servicios de salud.
Operación Onco14 y Cobra 2.0-A
Como parte de las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el sector salud, el Ministerio Público también ejecutó en junio pasado la Operación Onco14, mediante la cual fueron arrestadas tres personas señaladas por su presunta participación en maniobras fraudulentas contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Entre los detenidos figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Según el expediente, los implicados habrían participado en operaciones que afectaron los recursos de la institución y perjudicaron tanto a pacientes con cáncer como al SeNaSa.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
Asimismo, en septiembre pasado, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A, como parte de la continuidad de las investigaciones. En ese proceso fueron impuestas medidas de coerción a 24 personas, entre ellas varios médicos.
